Respuesta de la Conferencia Episcopal a la diputada Zoila Rosa Volio

Con todo respeto deseamos aclarar a la señora diputada Zoila Rosa Volio, el comentario que realizó en su cuenta de Twitter sobre la noticia que Telenoticias tituló el 15 de junio recién pasado «Iglesia Católica insiste en publicación de protocolo sobre aborto terapéutico». La señora diputada expresó: «[¿] Porque [sic] no se ponen ayudar [sic] en el tema de la pandemia a las familias que se quedaron sin ingresos y dejan el tema del aborto terapéutico a los médicos que es a quienes les corresponde [?]». 

Las dos ideas contenidas en el mensaje nos brindan la oportunidad para aclarar el pensamiento falaz sobre ellas, tan extendido en redes sociales, en relación con la Iglesia, sobre todo, en este caso, porque es grave que provengan de una de las personas que ejercen el primer poder de la República: 

1)  Presume la señora diputada que la Iglesia no ayuda a las familias de bajo ingreso afectadas por la pandemia, lo cual es falso. La Iglesia Católica tiene una amplísima labor solidaria con las personas de bajos ingresos en el país, así como un compromiso secular con el bien común de la sociedad costarricense. En el caso específico de la pandemia, la Iglesia está realizando una labor de asistencia en alimentos y en otras necesidades básicas a familias afectadas por la crisis provocada por la pandemia en las ocho diócesis que abarcan el territorio nacional, así como a las personas en situación de extrema pobreza y en situación de vulnerabilidad, a las que viene ayudando desde mucho tiempo atrás, las cuales son, también, víctimas de la crisis socioeconómica causada por la Covid-19. Dichas ayudas de asistencia, durante los últimos tres meses, ascienden a un monto mayor a los 300 millones de colones. 

Además se están realizando acciones como el apoyo a la comercialización de productos agrícolas y pesqueros de sectores económicos vulnerables, generando un comercio solidario en estos tiempos de crisis, así como diversas tareas de solidaridad en varias partes del país en conjunto con la CNE, municipalidades y empresas privadas. Desde su Pastoral Social ? Cáritas, además, está participando en procesos de construcción de medidas socioeconómicas para superar la crisis generada por la pandemia. 

Asimismo hacemos una gentil invitación a la señora diputada Zoila Rosa Volio a visitar nuestras oficinas de Pastoral Social ? Cáritas, para mostrarle la documentación respectiva, con los datos y el material fotográfico correspondiente. 

2)  Más preocupante es el pensamiento de que la Iglesia no se debe ocupar de un tema como el así llamado aborto terapéutico, pues este es un tema, afirma, que le corresponde a los médicos. Ningún tema relacionado con la salud y la vida es de competencia exclusiva del personal médico. Hay un interés legítimo de la ciudadanía por lo temas que atañen a los derechos humanos, que comienzan con el derecho a la vida desde la concepción. Es legítimo el interés por hacer todo lo posible por salvar las dos vidas, de la madre y de su hijo o hija en gestación. Todos los ámbitos de la vida humana tienen una dimensión ética, la cual compete a toda la sociedad y no solo a los profesionales implicados en ellos. Así ocurre, por ejemplo, con la economía. Las decisiones de los economistas en la gestión pública conciernen y afectan a todas las personas, a la vida cotidiana de todos los habitantes, por lo que toda la población tiene el derecho de preocuparse y ocuparse de ellas. 

Conviene recordar que en torno a las concepciones sobre el denominado aborto terapéutico caben diferentes posiciones en el mismo mundo de la medicina, desde el punto de vista de la comprensión del ser humano y de la ética, como lo ha evidenciado en Costa Rica la Asociación de Médicos por la Vida. Oponerse a que los creyentes opinemos en temas que corresponden al bien común es una forma práctica de negar nuestro derecho humano «a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión», derecho que «incluye... la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia» (Declaración de los Derechos Humano, art. 18), así como su «derecho a la libertad de opinión y de expresión», que «incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión» (idem., art. 19). Opinar sobre temas del bien común desde nuestras convicciones no significa imponer nuestra religión, sino ejercer el derecho al igual que lo hacen otras personas en cuanto a estos temas desde sus propios marcos de pensamiento y convicciones. 

Es importante que las señoras y señores diputados de la República sean los primeros en respetar, defender y propiciar estos derechos, a los que los católicos y otras personas creyentes nos corresponden, pues los tenemos todas las personas «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición» (idem., art. 2). 

Dado en San José, a los 18 días del mes de junio del año 2020. 

+Gabriel Enrique Montero Umaña 

Obispo de San Isidro de El General 

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 

+José Manuel Garita Herrera 

Obispo de Ciudad Quesada 

Tesorero de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 

+Óscar Fernández Guillén

 Obispo de Puntarenas 

+Manuel Eugenio Salazar Mora 

Obispo de Tilarán-Liberia 

+Mario Enrique Quirós Quirós 

Obispo de Cartago 

+Bartolomé Buigues Oller 

Obispo de Alajuela 

+Daniel Francisco Blanco Méndez 

Obispo Auxiliar de San José