1. Estamos situados en una región del mundo y en un momento de la realidad en la que la migración se ha convertido en un drama humano; como cristianos no podemos verla con indiferencia sino con el más genuino amor a quienes, muchas veces, por causas ajenas a su voluntad han debido dejar atrás su hogar, sus tierras y sus raíces.
2. Los Estados deben centrar sus políticas sobre la migración en la persona, en el ser humano; ninguna política de seguridad debe estar por encima de la dignidad humana y, menos aún, de aquellos que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad como los migrantes. Por lo tanto, en un territorio, cualquiera que sea su dimensión (nación, región) se debe velar porque se cumpla esa máxima con sus habitantes, así como con aquellos que por alguna circunstancia tuvieron que migrar.
3. Como lo manifestaron los obispos de la región en la reciente Carta Pastoral "Lo vio, se acercó, lo cuidó": "Como pastores, reafirmamos el llamado eclesial a todas las naciones del mundo a considerar las razones humanitarias y proteger la dignidad de quienes cruzan sus fronteras buscando seguridad".
4. Por eso, acogemos también la Carta del Santo Padre a los Obispos de los Estados Unidos de América, en la que señala: "La conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, de manera tácita o explícita, la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad".
5. Esto se constituye en el paradigma ético que propone la Iglesia. Cualquier acción que transgreda la dignidad de las personas en movilidad humana, es una negación del Evangelio.
6. Por lo tanto, solicitamos al gobierno de la República Costa Rica garantizar que en nuestro territorio se les brinde a los migrantes el trato que les corresponde, como hijos e hijas de Dios que son, especialmente aquellos que forzadamente les han obligado a regresar a sus países de origen y se encuentran en proceso de deportación.
7. También, nos oponemos a que a nuestros hermanos y hermanas migrantes se les trate como criminales pues, al huir de sus lugares de origen y cruzar fronteras de manera irregular, no han cometido ningún delito. Por ser nuestro país respetuoso de los derechos humanos, no podemos aceptar que vengan esposados, ni encadenados, y se le debe permitir a los medios de comunicación, a observadores de la Iglesia Católica y a otras organizaciones humanitarias verificar que se estén cumpliendo los protocolos para un traslado digno y un trato digno en nuestro país de conformidad con los tratados internacionales que el Estado costarricense ha adoptado y ratificado.
8. La complejidad de la migración responde a causas y condiciones regionales y hemisféricas y las autoridades de nuestro país se deben comprometer con una respuesta regional basada en el respeto de los derechos humanos, y no deben adoptar decisiones de gobiernos extranjeros que puedan resultar lesivos a nuestra tradición humanitaria y que puedan derivar en mayor riesgo, inseguridad y desprotección para las personas migrantes y para las personas deportadas.
