Sala Constitucional emitió decreto que permite objeción de conciencia
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Reclamo
inició en 2020 por un texto emitido en 2015
David
Mora, periodista
Este
jueves 29 de agosto, la Sala Constitucional resolvió una acción de inconstitucionalidad
en contra de los gobiernos 2024-2028 y 2028-2022, del Partido Acción Ciudadana
(PAC) por la política antidiscriminación a personas LGTB en instituciones
públicas, pero sí permitió que los funcionarios públicos rechacen asistir a
capacitaciones en estos temas.
"Se
declara sin lugar la acción, siempre y cuando se interprete que la persona
funcionaria pueda ejercer el derecho a la objeción de conciencia, en caso de
conflicto entre sus creencias éticas, morales y religiosas, con el ejercicio de
la función pública al que está obligado", manifestó la Sala.
El
12 de mayo de 2015, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, se emitió el texto "Caminando hacia la igualdad, por un servicio seguro e inclusivo para la
población LGTB"; en el que, a lo largo de 14 artículos, se establecían políticas
para prevenir la discriminación y se buscaba incluir a esta población con "políticas
públicas y medidas normativas efectivas". Dos años después, en 2017, el texto
fue ampliado.
En
2020 se colocó un reclamo en los estrados judiciales sobre este texto,
específicamente en contra de varias normas: Obligatoriedad de acatar la política
antidiscriminación LGTB, establecer una comisión de seguimiento en cada institución,
interpretar correctamente los conceptos de identidad de género y heteronormatividad,
sancionar la violencia motivada por la expresión de género y el uso de lenguaje
inclusivo en los documentos específicos.
Aunque
está la posibilidad de que los funcionarios rechacen asistir a las
capacitaciones, todos los reclamos fueron rechazados por la Sala Constitucional
y siguen vigentes.
