Con ocasión de la Jornada Mundial del Migrante que la Iglesia Católica celebra este 24 de setiembre, nos hacemos eco del llamado del papa Francisco con ocasión de ella: «Los flujos migratorios de nuestros días son expresión de un fenómeno complejo y articulado, cuya comprensión exige el análisis atento de todos los aspectos que caracterizan las diversas etapas de la experiencia migratoria, desde la partida hasta la llegada, incluyendo un eventual regreso».

Justamente, queremos concentrar esta mirada en los grandes flujos migratorios en tránsito que se mueven por nuestro territorio. La Iglesia Católica, desde diversas instancias organizativas contribuye a la respuesta humanitaria al drama de los cientos de miles de personas que en los últimos años han transitado por nuestro país, así como, constantemente, sobre todo desde los ámbitos parroquiales, a la atención de muchas familias inmigrantes integradas entre nuestra población. Además de nuestra contribución en la atención de las personas migrantes, deseamos aportar al análisis atento al que nos invita el papa Francisco, así como a la acción pastoral y la búsqueda de respuestas a la problemática. 

Hemos experimentado en los últimos años, de forma creciente, el drama de muchedumbres que transitan desde Sudamérica por el corredor mesoamericano, convirtiendo a éste en el escenario de una prolongada crisis humanitaria de naturaleza migratoria, de las más grandes del mundo. Muchas familias enteras, con mujeres con procesos de gestación y con niños altamente vulnerables forman parte de este drama. En el momento de pisar nuestro suelo, muchos vienen de experiencias extremadamente dolorosas como violaciones, asaltos, robo de su escaso dinero, abusos de autoridad, problemas de salud no atendidos y carencia de absolutamente todo, salvo sus ropas puestas y su esperanza en un futuro alcanzable tras muchos sacrificios. Casi todos son víctimas del detestable delito del tráfico ilícito de migrantes que campea en nuestro país junto a otros crímenes que nos van hundiendo en el abismo de la inseguridad y la muerte. 

En esas condiciones inician el tránsito por nuestro país. Unos se dirigen directamente desde Paso Canoas hasta Los Chiles y Upala para salir cuanto antes del país. Otros se dispersan por nuestras ciudades, mientras logran obtener dinero para continuar su viaje, en general mediante la mendicidad. La aglutinación de personas en las comunidades fronterizas del Sur y del Norte las obliga a muchas de ellas a alojarse a la intemperie o en cuarterías. La carencia de albergues, dormitorios dignos y servicios sanitarios provocan un grave problema de saneamiento para ellos y para las comunidades. 

A pocos días de realizarse la Marcha «Nuestros niños son sagrados» (30 de septiembre de 2023), entre cuyos promotores está la Conferencia Episcopal de Costa Rica, alzamos la voz por los miles de niños y niñas que son parte de estos flujos migratorios. No sabemos cuántos pueden ser víctimas de la trata de personas, ni cuántos viajan con pseudofamilias totalmente desprotegidos de violaciones, agresiones y expuestos a la muerte para el tráfico de sus órganos en el trayecto de los miles de kilómetros que recorren. Y aun los que viajen con sus padres y madres son altamente vulnerables, comenzando por todas las privaciones de sus derechos a la salud, la sana alimentación, el techo, la seguridad, etc. No es aceptable que, en Costa Rica, a través de sus autoridades públicas, instituciones y sociedad civil, no asumamos una responsabilidad directa y personalizada de todos esos niños y niñas mientras transitan por el país. Es una obligación no sólo establecida por nuestro ordenamiento jurídico sino por nuestros compromisos internacionales. 

Es muy apreciable que hermanos de nuestra Iglesia, así como de otras confesiones, funcionarios y asistentes humanitarios de entidades internacionales, nacionales y de ámbito comunal, movidos por sentimientos solidarios y por el amor al prójimo, realizan innumerables tareas humanitarias con las personas que transitan masivamente por nuestro país. Sin embargo, todos estos esfuerzos deben ser complementarios de la ineludible e irrenunciable atención que debe brindar el Estado a los flujos migratorios en nuestro territorio. 

Deseamos unir nuestra voz a la de la Defensoría de los Habitantes que hace un llamado a las instituciones del país y a la comunidad internacional con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de asistencia humanitaria y de protección para estas personas migrantes  , y a la voz unánime del plenario de la Asamblea Legislativa pidiendo al Poder Ejecutivo «que emita una Declaración de Estado de Emergencia por Calamidad Pública, como consecuencia de la crisis migratoria y   humanitaria en la frontera sur de nuestro país»  . Esta declaratoria de emergencia, que podría ser emulada por otros países, facilitaría el llamado de Costa Rica y de la región a la cooperación internacional. 

Concluimos este mensaje haciendo resonar estas palabras del Papa en el Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante de este día: «mientras trabajamos para que toda migración pueda ser fruto de una decisión libre, estamos llamados a tener el máximo respeto por la dignidad de cada migrante; y esto significa acompañar y gobernar los flujos del mejor modo posible, construyendo puentes y no muros, ampliando los canales para una migración segura y regular. Dondequiera que decidamos construir nuestro futuro, en el país donde hemos nacido o en otro lugar, lo importante es que haya siempre allí una comunidad dispuesta a acoger, proteger, promover e integrar a todos, sin distinción y sin dejar a nadie fuera». 

José Rafael Quirós Quirós, arzobispo metropolitano de San José y presidente de la Pastoral Social-Cáritas.

Daniel Francisco Blanco Méndez. obispo auxiliar de San José y presidente de la Pastoral de Movilidad Humana.

Pbro. Gustavo Meneses Castro, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana.