Estado de salud del obispo se desconoce
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Violación de derechos humanos
David Mora, periodista.
La Oficina de Alto Comisionado
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a
la dictadura de Nicaragua la liberación del obispo de la Diócesis de Matagalpa,
Monseñor Rolando Álvarez, de quien se desconoce su estado de salud, y otros 36
presos políticos.
El prelado fue condenado el
pasado 10 de febrero a 26 años y 4 meses de prisión al ser declarado culpable
del supuesto delito de "traición a la patria". Esta sentencia se dio un día
después de que el régimen deportara a 222 presos políticos a Estados Unidos,
basándose en la ley aprobada el 9 de febrero. Según el dictador Daniel Ortega,
Monseñor Álvarez era el #92 en la lista de deportados, más no quiso subir al
avión, actualmente el obispo estaría en una celda de máxima seguridad.
La ONU manifestó en una
actualización del pasado 3 de marzo sobre la situación de este país, que hacen "un
llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37
personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre
ellas Monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce", también piden a
Ortega "restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales
y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones".
La denuncia de la Oficina
incluye las violaciones a los derechos humanos en juicios abiertos en los dos
primeros meses del 2023 a personas detenidas desde agosto del años anterior, "esto
incluye audiencias a puerta cerrada, denegación a algunos acusados de su
derecho a un abogado o abogada de su elección y a reunirse con él o ella en
privado, y al acceso a los expedientes completos de sus casos", sumándole a
esto que "algunos de los acusados no habrían tenido conocimiento oportuno o
completo de los cargos en su contra ni de las sentencias dictadas contra ellos,
lo que les impidió impugnarlas".
El texto continúa contabilizando
que "la Oficina también ha documentado la aplicación de sentencias no previstas
en el Código Penal de Nicaragua, incluso con carácter retroactivo a quienes
fueron condenados el año pasado", también recuerda que la dictadura nicaragüense "habría encarcelado la personalidad jurídica de 40 organizaciones de la
sociedad civil - un total de más de 3.200 desde 2018 - y confiscado las
instalaciones de otras dos organizaciones, ahora utilizadas por el Estado".
El documento precisa la
violación de derechos humanos fundamentales a quienes no portan con la cédula
de militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por lo que
muchos nicaragüenses no pueden obtener o mantenerse un empleo en el sector público,
no tienen la posibilidad de acceder a la educación superior ni a conseguir
becas, tampoco hay ingreso a los servicios de salud, donde se documentó el caso
de una persona que se le negó una cirugía por no estar registrada en el partido
ni la protección social.
Fuente: ACI Prensa.
