Mons. José Rafael Quirós Quirós, Arzobispo Metropolitano
La política no está divorciada de la ética, al contrario, ésta debería marcar las reflexiones, decisiones y acciones para que la primera no se convierta en un fin en sí misma. Hay quienes afirman que, los políticos se sirven de su gestión para favorecer intereses particulares o grupales, mientras la centralidad en la persona humana y el Bien Común pasan a un segundo plano. A pocos días de ejercer el derecho al sufragio, los costarricenses debemos seguir profundizando en este y en orros aspectos, para tomar el mejor camino en nuestra vida democrática y procurar reorientar el ejercicio político y resolver los problemas que hoy nos aquejan.
Los escándalos de corrupción que permean los distintos niveles de la administración pública, asociados a la impunidad, la ineficiencia de las instituciones del Estado y al crecimiento de los problemas sociales como el desempleo, la brecha social, la inseguridad ciudadana, entre otras cosas, tienen una relevancia práctica en la aversión de los votantes. Por todo ello, la honestidad ha de ser un criterio ético fundamental a fin de escoger aquellas personas que gocen de auténtica credibilidad y honradez. En la escogencia de personas idóneas nos garantizamos, en teoría, que las decisiones administrativas y políticas se ejecuten sobre la base de la legalidad. Urge que nuestros eventuales representantes estén convencidos de los valores éticos y tengan principios claros para que sean coherentes con el mandato recibido.
Nuestra Constitución Política, en su Artículo n. 11, es contundente al señalar que: "Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella... La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes."
Todo representante político o funcionario público debe rendir cuentas de modo veraz, evitando que las formas "oscuras" o complacientes de gestión profundicen la crisis de credibilidad y en consecuencia la crisis política. En realidad, "se necesita mucha fuerza y mucha perseverancia para conservar la honestidad que debe surgir de una nueva educación que rompa el círculo vicioso de la corrupción imperante... avanzar en la creación de una verdadera riqueza moral que nos permita prever nuestro propio futuro".[1]
Ligado al concepto honestidad está la transparencia como principio fundamental de frente a una sociedad que merece información sobre el actuar y el desempeño de quienes la representan, sobre todo en lo referente al uso de los fondos públicos y las prioridades asumidas. Vale decir, y ojalá que se tomen cartas en el asunto en posteriores elecciones, debe analizarse a fondo el sistema de financiamiento de los partidos políticos y la forma en que se ejecuta la Deuda Política que sale del presupuesto público, es decir, del dinero de los costarricenses. Es necesario, desde el mismo proceso electoral la transparencia financiera, entiéndase las fuentes y uso de los recursos que hacen los partidos pues "las reglas del financiamiento exponen a los partidos al riesgo de ser capturados por fuerzas o capitales lícitos e ilícitos, que afectan su independencia y su misión."[2]
Con honestidad y transparencia se le devuelve la dignidad a la política, " Es una forma de vivir con austeridad... en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo, llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y de justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción".[3]
Pidamos al Señor que quienes sean electos este domingo. tengan el anhelo firme y la voluntad de actuar con rectitud, honradez e integridad moral para ser consecuentes CON EL MANDATO que reciben del pueblo, un mandato para servir al Bien Común.