Confiamos en que la Administración de Justicia llegue al fondo de esta investigación, y que no se dé margen a la impunidad, pues la sensación de que no haya justicia pronta y cumplida también socava los cimientos de nuestra democracia.

Hacemos un llamado a la corresponsabilidad, pues sólo entre todos podemos superar los enormes retos y desafíos que afrontamos. Esto será posible solamente si somos conscientes de la necesidad de trabajar juntos en miras al bien común. Sólo así podremos entonces consolidar la justicia en nuestro querido país.

Ya decíamos, con ocasión del mensaje de nuestra última Asamblea Plenaria, del 22 al 26 de febrero, que «de cara al bicentenario es necesario recuperar y consolidar la Costa Rica de justicia social con oportunidades para todos».

Decía San Juan Pablo II, en su Encíclica Centesimus annus número 46: «Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia».

Por consiguiente, resulta absolutamente necesario que, en particular desde la función pública, se dé un ejercicio recto, responsable, ético y respetuoso de la ley para combatir la corrupción, en beneficio de los más necesarios y altos intereses de nuestro país. Quienes llegan a estos cargos, deben saberse servidores respetuosos de la ley y con la ineludible exigencia de realizar un trabajo digno y honesto, a fin de hacer valer la autoridad que les ha sido dada; caso contrario se perdería la solidez de los principios y de las bases en que se fundamenta nuestro Estado social de derecho.

Esta reflexión llega también en el marco del año electoral en que nos encontramos, cuando estamos a las puertas de elegir a los próximos legisladores y gobernantes del país dentro de pocos meses. Es importante que tomemos conciencia, tanto electores como aspirantes a estos cargos, para que juntos rescatemos y consolidemos el ejercicio de los valores éticos que otrora caracterizaron a Costa Rica.

Finalmente, como pastores del pueblo de Dios, exhortamos principalmente a los católicos, sean servidores públicos o quienes trabajan en el ámbito privado, para que actúen de conformidad con los valores y exigencias de nuestra fe cristiana. Que pongan en práctica y den testimonio de los valores de transparencia, honestidad, responsabilidad y probidad. Animados por su vocación laical propia, les recordamos su obligación de actuar en consecuencia con lo que creen, para que de esa forma puedan impregnar de los valores del Evangelio las realidades temporales en que se desenvuelven (cfr. Apostolicam actuositatem, 5).